Nuevas construcciones en Galipan pasando por encima de la ley
Se ha observado nuevas construcciones a la vista de la población del Ávila. Los galipaneros expresan que es únicamente a los nativos a quienes INPARQUES no les otorga el permiso correspondiente para realizar construcciones.
Bautizada como «La casa del árabe» localizada en el sector El Cedrito, la cual era una casa humilde que perteneció al galipanero Antonio Córdova y luego a Mauricio Dager. El árabe compró las bienhechurias y la casa fue transformándose en una casa de dos pisos con terraza y piscina. La casa se encuentra todavía en construcción. Cabe resaltar que los habitantes no conocen al dueño en persona pero día a día ven el chalet que construye.
Un primer permiso fue concedido por el Consejo Comunal San Isidro alegando que solo sería un muro de contención. Luego de ese muro fue transformándose en una vivienda en metros cuadrados e instalaciones mencionadas.
Según el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional Waraira Repano puede conceder el permiso solo para 500 metros, la altura máxima debe ser de 3 metros y medio, de una sola planta y la vivienda en construcción cuenta con más de 150 metros y dos plantas.
Así mismo la vivienda también va en contra de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, emitida en 2009 y ratificada en 2012 y 2014. La sentencia 1738, del 16 de diciembre de 2009, prohíbe “el otorgamiento de cualquier permiso por parte de las autoridades nacionales, estadales o municipales para la remodelación o reacondicionamiento de las instalaciones habitacionales ya existentes, la incorporación de nuevas estructuras dirigidas a efectuar siembras con fines comerciales o de autosustento, la desviación artificial o represamiento parcial o total del cauce de las quebradas aledañas para fines prohibidos o restringidos por el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Waraira Repano”.
Considerando con esto que en el Ávila está prohibida cualquier construcción y remodelación de inmuebles. Pero la construcción tiene autorización. El 15 de octubre de 2013, a través de la Providencia Administrativa Aprobatoria N° 125, Ali Salim Abdul Hadi obtuvo permiso de la Dirección General Sectorial de Parques Nacionales de Inparques para la “remodelación y ampliación de la terraza adyacente a la vivienda la cual sirve para el área de estacionamiento y para área social”.
La providencia apareció solo un día después de que a Ahmad Salim Abdul Hadi se le abriera un procedimiento administrativo sancionatorio y se le impusiera una multa de 500 bolívares por la construcción de la pared perimetral ambos ciudadanos administran empresas juntos, según el Registro Nacional de Contratistas. El documento agrega que Inparques, al conceder la autorización por vía de excepción, “se libera de cualquier responsabilidad y riesgo”, por consiguiente es Ali Abdul Hadi quien responderá por daños a terceros. Se contactó por teléfono a Abdul Hadi para consultarle por el permiso y amablemente dijo que delvolvería la llamada, lo que nunca ocurrió.
Caso contrario para Emiliano Silva sobrino del primer panadero que hubo en Galipán cuya familia ha ocupado por varias generaciones, la cual necesita reemplazar el techo de su negocio de un piso y lleva dos años solicitando el permiso a INPARQUES. Pero la decisión del TSJ no aplicó.
Otra construcción se hace presente le llamas la «Casa de la Viceministra» desde cero en el sector San Antonio. La nueva vivienda solo están listas las columnas. La guía de circulación de materiales otorgada por la Coordinación del Parque Nacional Waraira Repano, y sellada por Inparques, permitió la entrada a Galipán de 2.000 bloques de arcilla, 200 sacos de cemento gris, 20 metros cúbicos de arena lavada, cientos de cabillas, láminas de techo, tuberías, un tanque de polietileno de 3.000 litros, cumbreras, un fregadero, 8 marcos de ventanas, 2 lavamanos, poceta, calentador y cerámica para cubrir 100 metros cuadrados, entre otros materiales.
Uno de los trabajadores de la obra asegura que la construcción comenzó hace más de dos meses y que los propietarios necesitaron dos años para lograr el permiso de Inparques. “Hay que tener suerte y plata”, opina. Al ser consultado sobre los propietarios de la vivienda, el constructor señala: “Dicen que trabaja para el gobierno, pero no sé si es viceministra”.
“Se pretende convertir Galipán en una especie de country club, al permitir que una casa pequeña termine convertida en un chalet. Hay un contrasentido de Inparques que frena un techo, pero permite una gran construcción que no apareció de la noche a la mañana y cuyos materiales deben pasar frente a la Guardia Nacional”, asevera Edgard Yerena, profesor de Áreas Protegidas del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar.
Hay una tercera construcción cuya propiedad los pobladores vinculan con un alto diputado del oficialismo. Allí fabricaron un muro, completaron la carretera y ahora instalan tuberías. Extraoficialmente se supo que las obras en esta vivienda superan los 200 metros cuadrados de construcción más de los 150 permitidos por el PORU. En lo alto del punto en el que se ubica la casa se divisa el hotel Humboldt y al frente el mar.
“La crítica se hace porque hay dinero o influencias políticas que hicieron que Inparques mirara a los lados”, afirma José Matute, secretario general de Sunep-Inparques. “Un permiso de excepción debe ser para una obra de importancia social, no para la casa de un funcionario del gobierno”, agrega el sindicalista.
Las actividades en un parque nacional deben ser sustentables y responder a los principios del ecoturismo y la agricultura sostenible. Alexander Luzardo, doctor en Derecho Político y Ambiental y autor de las normas ambientales de la Constitución, refiere que la declaratoria de parque nacional en cualquier parte del mundo impone restricciones a la ocupación humana. “La sentencia es clara y se apega a la Constitución, ordena abstenerse y queda prohibido a las autoridades otorgar cualquier permiso.
Estas construcciones son un incumplimiento evidente que debe ser sancionado penalmente, y por otro lado hay una incitación al desacato por parte del gobernador. El TSJ debe, de manera expresa, hacer cumplir la sentencia. Hay que investigar a qué funcionarios pertenecen las construcciones y cómo justifican esa compra”.